“Me ponía en cualquier esquina al azar”, dijo Gutiérrez. “Los tamales —de puerco, queso, mole y pollo— eran mi mayor ingreso durante los primeros años de universidad”.

Por JASMINE MÉNDEZ
EL NUEVO SOL

Más del doble de los estudiantes no nacidos en Estados Unidos que se inscriben a la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN) son considerados AB540 y no pueden trabajar en el campus, situación que los puede afectar en sus estudios universitarios.

Según el DREAM Center de CSUN, en el 2022, 1,300 universitarios de 2,000 eran estudiantes clasificados como AB540,  que les permite el pago de la matrícula universitaria como residentes legales de California.

El problema es que un gran número de los estudiantes, quienes en su mayoría son latinos, necesitan trabajar para ayudar a sus familias y ayudarse ellos mismos en sus gastos escolares, pero sin la opción de trabajar en el campus, la situación se les complica.

Andrea Gutiérrez, alumna de tecnología médica y biología celular, inició sus estudios en el 2018 en CSUN y durante este tiempo, ella ha vendido tamales para ayudarse ella misma y a su familia.

“Me ponía en cualquier esquina al azar”, dijo Gutiérrez. “Los tamales —de puerco, queso, mole y pollo— eran mi mayor ingreso durante los primeros años de universidad”.

Gracias al esfuerzo y buenas calificaciones de Gutiérrez, ella fue aceptada en Build Poder, un programa de investigación biomédica que le da una subvención federal del Instituto Nacional de Salud (NIH). No obstante, para poder recibir el apoyo federal del programa, debido a su estatus legal, ella fue considerada contratista independiente

Gutiérrez explicó que, aunque ganaba más dinero vendiendo tamales, ella aceptó entrar al programa para avanzar en sus estudios; aunque cuando quiso trabajar como mentor en la escuela para ayudar a los estudiantes más jóvenes, su estatus legal no se lo permitió.

“Solo tenía mi número de ITIN y técnicamente ya no pude estar en el programa”, explicó la estudiante, quien espera graduarse en el 2025.

Alumnas como Gutiérrez tampoco reciben beneficios de CalFresh y según el periódico Sacramento Bee, casi 2.3 millones de inmigrantes sin documentos en California no reciben asistencia alimentaria.

Freddie Sánchez, vicepresidente asistente provisional de asuntos estudiantiles para la equidad e inclusión en CSUN,  dijo que cada vez hay más estudiantes sin documentos, entre 18 a 20 años de edad, que no están amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y, en consecuencia, no pueden trabajar en la universidad.

Sánchez explicó que deben de ser muy estratégicos, específicamente con el uso del lenguaje a la hora de promocionar los empleos en el campus; subrayó que la situación es crítica para muchos estudiantes, pero se tiene que hacer algo diferente y mejor.

“Actualmente, CSUN está trabajando en una beca pagada donde los estudiantes con estatus irregular pueden ejercer habilidades de liderazgo que aseguren su empleo después de graduarse”.

Agregó que no todos los alumnos son AB 540 o reciben beneficios de DACA; es más, otros estudiantes no califican ni siquiera para ayuda financiera de FAFSA (programa federal) o al Acta del Sueño de California (programa estatal).

Sánchez subrayó que las regulaciones del sistema de la Universidad Estatal de California (CSU), están escritas con cierto lenguaje que impide que estos alumnos reciban una beca o apoyo económico del campus.

Aunque hasta ahora no ha habido mayores avances, Sánchez explicó que la gerente del DREAM Center, Daniela Bárcenas, asiste a juntas mensuales en la oficina del Canciller de CSU para elaborar estrategias y oportunidades para estudiantes indocumentados.

Subrayó también que la universidad ha implementado un grupo de trabajo para atender las necesidades de estudiantes indocumentados que no tienen DACA. Este grupo que fue actualizado en el 2019, está compuesto por personal de la escuela, estudiantes, ex alumnos y socios de la comunidad.

Yvette Pérez, asistente estudiantil del DREAM Center, considera que son excusas las acciones de la universidad sobre los estudiantes sin documentos.

“No están abordando las necesidades y las fronteras de desigualdad que estos estudiantes enfrentan”, dijo Pérez, quien considera que CSUN sólo saca provecho de las historias y experiencias de estudiantes irregulares para tener una apariencia representativa.

Datos del centro indican que, CSUN recibió un promedio de $17 millones en matrícula de estudiantes AB 540, lo que es suficiente razón para que la universidad busque y brinde mejores opciones para estos jóvenes.

“Es claro que estos estudiantes existen y la universidad les quita su dinero sin proveer oportunidades de empleo –entonces–, que no les pida número de seguro social o una autorización de trabajo”.

Pérez agregó que es importante considerar que las oportunidades de empleo en la universidad llevan a los estudiantes a establecer contactos y crear conexiones, ventajas que no obtendrían los alumnos que no pueden trabajar durante su estancia como estudiante.

“Creo que adquirir experiencia laboral en el campus es muy necesario cuando estás estudiando”, expresó Pérez. “Negarle a la gente esa oportunidad, es una locura para mí”.