La Visa U y la ley VAWA ayudan a supervivientes de violencia doméstica a buscar una salida y arreglar sus papeles.

Por CINDY VON QUEDNOW
EL NUEVO SOL
(El texto incluye CORRECCIONES)
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Cada vez que María (nombre ficticio para proteger su identidad) daba a luz a un bebé, el padre de sus hijos amenazaba con matarla.

“Yo estaba con el (primer) bebé, tenía tres días de haber salido del hospital… cuando le estaba dando pecho”, recuerda María en voz baja y llorando. “(Mi esposo) tenía un cuchillo y me lo puso (en el cuello) y cuando me agarró el brazo, no podía moverme ni para allá ni para acá”.

María se fue de la casa varias veces, pero siempre acababa regresando con él. En total, tuvo tres hijos con su abusador.

“Me convencía y me embarazaba, y cada embarazo fue así… era su intensión de acabar conmigo”, señala esta mujer de 40 años.

Este maltrato ocurrió aquí, en Estados Unidos, donde María pensó que iba a encontrar una vida mejor.

En su natal Jalisco, México, dejó atrás problemas económicos, una relación extraña con sus padres y una hija de tres años.

“No tenía otra salida más que venirme para acá”, recuerda. “Pero, mejor de encontrar mi salida, [casi] encontré mi tumba aquí”.

En EE.UU., María se sentía aislada y sola. Era indocumentada y pensaba que no podía salirse de esta relación de abuso por miedo a ser deportada o a algo peor.

Por ello, la violencia se convirtió en el pan de cada día.“Siempre era el plato principal, que si yo lo dejo, me iba a quedar sin hijos y me iba a matar a mi hija, la que tengo en México”, cuenta. “Eso era el menú de todos los días”. Después de un incidente, cuando su marido la estaba golpeando y pateando, uno de sus hijos llamó a la policía. Esa fue la última vez que le hizo daño.

María se fue a vivir en un refugio con sus hijos y buscó ayuda. Por haber ayudado a la policía en una investigación criminal, calificó para la Visa U, una visa especial para víctimas de crímenes que no son ciudadanas (incluida la violencia doméstica). Ahora, está a punto de solicitar su residencia permanente y vive con sus hijos en su apartamento en el Este de Los Ángeles.

Lea y escuche la historia completa de María en esta página de El Nuevo Sol.

María es una de las 10 mil de personas inmigrantes que son afectadas por la violencia familiar y otros crímenes y que han calificado para una Visa U cada año desde su aprobación en el 2007.

Existen dos leyes que apoyan a personas indocumentadas que sufren violencia doméstica. Una víctima de maltrato, como María, puede calificar por la Visa U si ayuda a las autoridades policiales en la investigación o procesamiento judicial de la persona que ha cometido el crimen (su esposo, en el caso de María).

De un modo similar, algunas provisiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) hacen posible que las víctimas que están casadas con sus abusadores residentes o ciudadanos puedan solicitar su residencia sin el conocimiento del abusador.

Por medio de estas leyes, las personas maltratadas pueden buscar un estatus migratorio legal sin la ayuda de su pareja abusadora y a la misma vez, hace posible que la persona maltratada se vuelva independiente.

La Visa U fue creada por la Ley de Víctimas de Tráfico y Protección contra la Violencia del año 2000, cuando María la solicitó, pero no fue sino hasta el 2007 que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió las regulaciones de la Visa U. Para calificar la víctima de violencia doméstica o abuso sexual no tiene que estar casada y el crimen tiene que haber sucedido en EE.UU.

Ya que la víctima tiene estatus legal con la Visa U, califica para obtener servicios públicos y financieros, y tiene permiso de trabajo.

Normalmente las personas que califican para la Visa U sólo tienen que esperar tres años para obtener residencia permanente, pero como sólo 10,000 visas son otorgadas cada año, el proceso de María tardó más tiempo.

Gina Amato Lough, abogada de inmigración de Public Counsel en Los Ángeles, y quien ayudó a María y a muchos otros en su situación, dice que aunque el proceso de estos casos tarda mucho, sus clientes tienen paciencia y esperanza.

“Les digo que es un camino largo”, dice Amato Lough, quien maneja en la actualidad 250 casos migratorios, la mayoría de violencia doméstica. “Creo que ellos se decepcionan, pero entienden que el sistema está retrasado, que el proceso no es fácil”.

De acuerdo con un estudio publicado en Georgetown Journal on Poverty Law and Policy las inmigrantes casadas experimentan más abuso físico y sexual que las inmigrantes solteras, 59.5 por ciento, comparado con el 49.8 por ciento.

Además, el 48 por ciento de latinas inmigrantes reportaron que el maltrato que reciben de su pareja había aumentado desde que emigraron a EE.UU.

Amato Lough piensa que la violencia entre inmigrantes tiene que ver con la cultura.

“Creo que en muchas culturas, las mujeres no se respetan y muchos hombres creen que tienen el derecho de tratar a su pareja como [su] propiedad”.

Leni Marin, vicepresidente del Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar (FVPF, por sus siglas en inglés), no está de acuerdo. Para ella, la violencia no discrimina entre estatus migratorio ni raza.

“Hay una percepción de que hay más violencia entre la comunidad inmigrante, pero esta violencia atraviesa raza, clase y estatus migratorio”, explica Marin. “Lo que sí podemos decir es que los inmigrantes enfrentan barreras diferentes, el idioma y la cultura”.

Marin cuenta que en su trabajo con FVPF escucha muchas historias de mujeres inmigrantes maltratadas, pero no se les podía ayudar por su estatus migratorio. “Estaban siendo rechazadas debido al problema del idioma. Nosotros no teníamos a personas que hablaban farsi o urdu o tagalo o español”, dice Marin. “Estas mujeres no están informadas acerca de sus derechos legales”.

De esa necesidad surgió la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), la cual Marín ayudó crear junto con varias organizaciones.

La ley VAWA fue aprobada en 1994, pero las provisiones para ayudar a víctimas inmigrantes no se incorporaron sino hasta el año 2000. Bajo VAWA, las víctimas que están casadas o son hijos o padres de un residente legal o ciudadano que los haya abusado, pueden pedir su ajuste de estatus migratorio sin la ayuda del abusador. Al igual que la Visa U, una persona califica para VAWA si el abuso ocurrió en EE.UU, pero esa persona no tiene que reportar el crimen. Si uno califica para VAWA, también tiene acceso a servicios públicos, pero eso no indica un cambio de estatus legal.

El proceso de poder calificar para residencia permanente depende del estatus de la persona maltratada y del país de origen.

Juanita (nombre ficticio) sufrió golpes y maltratos de su esposo por casi 35 años. Su esposo, un residente estadounidense, la amenazaba, y Juanita estaba segura que él la quería matar.

“Él decía si algún día yo lo engañaba, no hombre, pues era muerte segura”, cuenta Juanita, de 53 años y originaria de Guadalajara, México. “Me decía a mí: ‘si tú me engañas algún día, yo, cuando te encuentre, te voy a cortar a pedacitos’”.

Las amenazas de muerte eran constantes, dice Juanita.

Una vez, su esposo le dijo: “Un día, cuando tus hijos lleguen, te van a ver colgada ahí”.

Juanita, quien tiene seis hijos, dice que su esposo intentó matarla una vez en Colorado cuando fueron a buscar trabajo allá.

Por un río congelado, el esposo de Juanita empezó a perseguirla y a darle golpes en la cabeza. Hasta que oyó la voz de su sobrino, el hombre se detuvo.

Juanita estaba segura que un matrimonio consistía en violencia, por eso lo aguantaba. Pero el octubre pasado ya no aguantó más y decidió salirse de su hogar con dos de sus hijos.
Esta reacción de Juanita es común entre víctimas de abuso doméstico. Amato Lough, la abogada de Public Counsel, dice que una persona abandona a su abusador un promedio de siete veces hasta que por fin lo logra.

“Llega a un punto cuando la víctima se dice: ‘si continúo en esta relación, me va a matar’”, explica Amato Lough.

Con la ayuda de unas amigas, Juanita y sus hijos lograron buscar ayuda. Después de una complicación con la petición que había metido su esposo, Juanita metió su propia petición y calificó para VAWA y una orden de alejamiento. Ahora, ella califica para la residencia permanente.

Lea y escuche la historia completa de Juanita en esta página de El Nuevo Sol.

Las amenazas de muerte no son las únicas formas de mantener a una persona en una relación abusiva por varios años. Los abusadores usan diferente tácticas para atrapar a sus parejas en un ciclo interminable de violencia emocional, económica y sexual. Estas tácticas incluyen: control de dinero, aislamiento familiar y social, amenazas de usar su estatus migratorio en contra de ella y separar a una madre de sus hijos.

No es un accidente que las víctimas sientan miedo y vergüenza.

“Es temor con estigma y vergüenza y un montón de otros factores emocionales que forman parte”, comenta Marin de FVPF. “Si alguien siempre barniza una pistola o un cuchillo enfrene de uno, uno tiene miedo en la casa. Los abusadores hacen eso para atormentar a la víctima”.

Los hijos inmigrantes de abusadores también califican para VAWA. Francisco (nombre ficticio), de 21 años, recién se hizo residente permanente por medio de VAWA. Él y su mamá sufrieron maltrato de su papá cuando Francisco tenía tres años. Aunque él se fue a su nativo El Salvador de pequeño, a los 17 años regresó a vivir con su mamá en el centro de Los Ángeles. Calificó para VAWA por el abuso que sufrió de niño.

“Él siempre maltrataba a mi mamá”, recuerda Francisco. “Siempre llegaba borracho a la casa, insultando a todo el mundo y casi nunca se llevaba bien con ella. Me sentía impotente porque estaba pequeño y no podía hacer nada”.

Francisco está asistiendo la escuela para obtener su certificado de GED y está trabajando para ayudar a su mamá.

Lea y escuche la historia completa de Francisco en esta página de El Nuevo Sol.

Al igual que Francisco, Juanita y María también están asistiendo clases de inglés. Ellos han superado muchas barreras y aún tienen aspiraciones.

“Parece un sueño, y todavía sigo soñando”, dice María de haberse salido de su relación abusiva. Dice que se siente como una persona nueva. Ya que tenga su residencia permanente, desea visitar a su hija y a su mamá en México.

“Cuando empecé a ver la luz diferente y a quitarme las cadenas de la esclavitud, sentí que era yo, ahora soy María”, cuenta. “Antes me sentía como un ave acorralada, quería volar… ya no siento que mis alas están quebradas, [ahora] me siento fuerte, que puedo volar”.

CORRECCIONES
1. Debido a una ambigüedad en la traducción del inglés, es incorrecta la cita de Gina Amato que dice: “Creo que en muchas culturas, las mujeres no se respetan y muchos hombres creen que tienen el derecho de tratar a su pareja como [su] propiedad”. La traducción correcta de la cita debe decir: “Creo que en muchas culturas, a las mujeres no se les respeta y muchos hombres creen que tienen el derecho de tratar a su pareja como su propiedad”.

2. El reportaje afirma que las personas que tienen Visa U tienen que esperar normalmente tres años para obtener su residencia y que el caso de María esto tomó más tiempo porque sólo se otorgan 10,000 visas por año. Este no es el caso. Una persona tiene que esperar tres años después de recibir la Visa U para obtener el estatus legal de residente. María ya está en el proceso de solcitar su residencia permanente.

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