“No somos delincuentes. No es justo que nos saquen del país por tantos años”, dice Nancy Landa, ex presidente del gobierno estudiantil (AS) de CSUN y una estudiante brillante que fue deportada junto con su familia a Tijuana, México.

Por JACQUELINE GUZMÁN-GARCÍA
EL NUEVO SOL
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Nancy Landa trabajaba en el sector público en una organización del estado de California ese fatídico septiembre del 2009, cuando tenía 29 años. Se había graduado como una estudiante destacada en el 2004 con una licenciatura de administración de empresas de la Universidad del Estado de California, Northrdige (CSUN), y tenía un trabajo estable. Todo parecía normal.

De repente, a la entrada de la calle tercera de la autopista 710 N hacia Long Beach, Landa fue detenida por dos oficiales de inmigración que se bajaron de una camioneta y, sin mostrarle ningún documento oficial, le dijeron que estaba arrestada.

“Estoy soñando… es una pesadilla”, dice Landa que pensó al verse dentro de ese vehículo con cuatro personas más que llevaban al centro de detención en el centro de Los Ángeles.

“Yo supe en ese momento que lo que yo había construido en Estados Unidos, mi vida, había terminado. Me costaba trabajo asimilar lo que seguía”, agrega.

Sin saberlo, Landa y sus familiares, quienes fueron también deportados después de este incidente, se convirtieron en una cifra más de los 1.2 millones de personas deportadas desde el 2009, según estimaciones del Centro Pew Hispano. De hecho, bajo el gobierno del presidente Barack Obama se han deportado a más personas que el gobierno de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos.

Pese a ello, el 15 de junio pasado, el presidente Obama anunció el establecimiento del plan de Acción Diferida para jóvenes que han sido traídos a Estados Unidos cuando eran niños (el caso de Landa), el cual se estima podrá beneficiar a alrededor de 1.4 millones de jóvenes. Sin embargo, jóvenes de la edad de Landa tampoco podrán calificar, ya que la Acción Diferida sólo incluye a aquellos que tenían menos de 31 años el 15 de junio pasado.

Landa, sus padres y su hermano menor emigraron de Mexico a Estados Unidos cuando ella tenía nueve años de edad. Creció en el Sur Centro de Los Ángeles y por sus buenas calificaciones pudo asistir a la preparatoria Pacific Palisades Charter, en la ciudad de Pacific Palisades.

“Estando en la preparatoria, yo sabía que tenía el reto para entrar a la universidad por mi situación de indocumentada”, dice, “Mis papás no tenían el dinero para pagar”.

Debido a su educación excepcional, se ganó la prestigiosa beca “Gates Millenium”, la cual le fue negada por su estatus migratorio.

“Me pedían que llenara la información para FAFSA [Free Application for Federal Student Aid] y no pude hacerlo”, cuenta. “Esa beca habría pagado todos mis estudios universitarios”.

Pese a esto, Landa terminó con honores la preparatoria en 1998, graduándose con un promedio que la colocó en el tres por ciento más alto de su generación Y sin darse por vencida, solicitó otras becas de organizaciones privadas, e ingresó a CSUN ese mismo año.

En CSUN comenzó a involucrarse en diferentes actividades y organizaciones. Primero, participó como senadora del gobierno estudiantil (AS por sus siglas en inglés) y luego, en el 2003, se convirtió en la primera presidente latina y la segunda indocumentada. El primer presidente indocumentado de CSUN fue Vladimir Cerna (1996-1997), estudiante salvadoreño indocumentado que declaró su estatus en medio de la controversia de la Propuesta 187.

Mientras Landa cursaba sus estudios universitarios, sus padres trataban de solucionar la situación migratoria de la familia, y en un golpe de suerte lograron obtener permisos de trabajo para ellos y sus dos hijos.

Landa recibió su primer permiso de trabajo dos meses después de graduarse de CSUN, y la vida parecía perfecta. Comenzó a trabajar en el sector público, administrando iniciativas de educación, desarrollo económico y laboral.

Sin embargo, la dicha duró muy poco, ya que no pudo renovar su permiso, a pesar de que la notaria que llevaba el caso de la familia les había cobrado $5 mil dólares por el proceso. Y fue entonces cuando las autoridades migratorias la arrestaron antes de entrar a la autopista.

“Alcancé a mandarle un mensaje de texto a una amiga para que le notificara a mis padres”, recuerda Landa, “Después [los oficiales de inmigración] me quitaron mi bolsa, mi celular, todo documento oficial, y los guardaron”.

“No podía creerlo”, comenta Karla V. Salazar, amiga de Landa, quien recibió el mensaje de texto, “Inmediatamente, un grupo de amigas comenzamos a llamar a diferentes organizaciones pro inmigrantes y a amistades que podrían asesorarnos. Desafortunadamente, no pudimos prevenir su deportación”.

En un momento de desesperación, los padres de Landa decidieron llamar a la notaria, pensando que ella los ayudaría a resolver el caso, pero Landa dudaba de su honestidad. “Yo sabía que no podía confiar en ella porque gracias a ella yo estaba ahí”, dice.

Landa sospecha que la notaria solicitó asilo político para la familia completa. Sin embargo, las autoridades no encontraron suficientes pruebas que mostraran “peligro extremo”, por lo que en vez de obtener su estatus legal, recibieron una orden de deportación. “Yo nunca miré [la orden de deportación]”, dice Landa.

Sin poder hacer nada, el mundo de Landa dio un giro de 180 grados en un periodo de ocho horas. En el centro de detención tomaron sus huellas y la metieron en una celda.

“Te encierran con todos”, dice Landa, “Me la pasé ahí como ocho horas”.

“El oficial de inmigración me dijo que yo ya no tenía ninguna opción, que ya tenía la orden del juez, y ese mismo día me iban a sacar del país”.

Landa logró hablar por teléfono con sus papás. Les comentó que ese mismo día la llevarían a Tijuana, a lo que los padres respondieron que ya habían hablado con la notaria y le pagarían más dinero para que la ayudara.

“Yo sabía que era mentira”, dice, “porque ella no tiene el recurso legal para detener mi deportación. Y les dije a mis padres que no le pagaran nada a esa señora. Obvio, nos ha estado engañando todo el tiempo y hasta el final lo sigue haciendo”.

Pocos minutos después, Landa fue subida al autobús que la llevaría a Tijuana.

“Tenía miedo, no sabía cómo era Tijuana”, dice. “Sabía que era muy peligroso. No sabía cómo me iba a comunicar con mis amistades. Y no sabía qué hacer, dónde me iba a quedar. Estaba preocupada porque no tenía las respuestas”.

Al llegar a Tijuana, le devolvieron sus pertenencias y la orden de deportación en donde decía que no podía entrar a EE.UU. en 10 años.

Salazar y tres amigas se reunieron para ayudar a Landa. “Yo soy nicaragüense y recordé el miedo que sentí cuando de niña crucé la frontera de Centroamérica a México y de México a Estados Unidos”, cuenta Salazar. “Y no podía darle mi espalda a Nancy. Bajé a todos los santos, me encomendé a Dios y no hubo marcha atrás”.

Salazar recalca que el mayor temor que tenía por su amiga es que la dejaran abandonada de noche y sin conocer a nadie.

“Como mujer, madre e inmigrante, se me partió el alma saber que Nancy había sido abandonada en la frontera como si fuera basura, sin tomar en cuenta todos sus logros y contribuciones”, dice.

El grupo de amigas llevó a Landa a casa de unos familiares en Tijuana. “Me ofrecieron hospedaje por unos días”, cuenta Landa, “El siguiente fin de semana regresaron a visitarme [mis amigas] y colectaron donaciones para que pudiera cubrir mis gastos iniciales de vivienda”.

Poco tiempo después, Landa logró obtener sus ahorros que tenía en Los Ángeles para que pudiera seguir manteniéndose.

Una vez en Tijuana, Landa contactó de nuevo al abogado Nikhil Shah, a quien había conocido mientras vivía en Los Ángeles durante un evento de la organización MALDEF. Quiso reabrir su caso, aun sabiendo que perdería, pero su principal objetivo era poder reportar a la notaria que le había cometido el fraude.

“Quise documentar el fraude de la notaria”, dice Landa, “Ya que si se revisan todos mis documentos, no aparece información de la notaria, porque ella llenó los documentos de una manera que aparenta como si yo misma los hubiera llenado, sin asesoramiento legal”.

En octubre de 2009, sus padres y hermano también fueron deportados a Tijuana. William Landa, el hermano, fue detenido en su trabajo, y a sus padres los fueron a buscar a su casa a las 5.30 de la mañana.

“Mis papas vivían con otras personas que tampoco tenían documentos”, cuenta Landa, “Inmigración no tenia orden de deportación con los vecinos, pero como todos vivían juntos y todos eran indocumentados, a todos los esposaron y a todos los echaron”.

Landa dice que por eso es muy importante que los inmigrantes indocumentados sepan sus derechos. “Es muy obvio que inmigración no está siguiendo el proceso adecuado”.

Shah comenta que debido al fraude por parte de la notaria, las opciones de Landa para reajustar su estatus migratorio en EE.UU. son muy pocas.

“En general, 10 años es la penalidad para los deportados antes de que puedan regresar al país”, menciona Shah.

“Los únicos que podrían regresar son los indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses o tienen padres ciudadanos estadounidenses o con residencia… y al llenar una petición de perdón afirman que el familiar ciudadano estadounidense podría sufrir tremendamente si el indocumentado no regresa”.

Landa no califica bajo esas circunstancias.

Ya han pasado tres años desde su deportación y a pesar de estar en su país natal, ella comenta que el problema de ser indocumentada aún la persigue.

“Me limita mis posibilidades de trabajo, porque si tengo que ir a Estados Unidos, no puedo”, comenta. “No puedo obtener una visa de trabajo ni mucho menos una visa de turista para por lo menos poder ir a comprar del otro lado de la frontera”.

En el momento en que Landa se enteró de la aprobación del plan de Acción Diferida de Obama, decidió escribir una carta dirigida al presidente para hacerle saber la injusticia de las leyes migratorias:

“No somos delincuentes”, dice Landa, “No es justo que nos saquen del país por tantos años”.

“La realidad es que bajo el gobierno de Obama ha habido más deportaciones de indocumentados que no son criminales… que durante los ocho años de la presidencia de George W. Bush”, menciona Landa en su carta dirigida al presidente.

“La falta de tomar la decisión correcta a tiempo ha impactado negativamente a cientos de inmigrantes que son deportados del país diariamente”, agrega. “Mi familia y yo nos encontramos entre ellos”, refiriéndose a que si una ley similar al plan de Acción Diferida se hubiera aprobado antes, habrían habido menos deportaciones de personas sobresalientes como ella.

El principal objetivo de la carta de Landa es pedir que el gobierno considere las siguientes opciones:

• Incrementar el rendimiento de cuentas de la agencia de inmigración y sus procedimientos.
• Remover/reducir el término de 10 años para aquellos que son deportados y que posiblemente puedan apelar su caso favorablemente.
• Reformar el proceso de visa para los que han sido deportados y están trabajando en sus países de origen, para que cuando sea necesario que viajen a Estados Unidos, puedan calificar para una visa de trabajo.

Landa dice que sigue acoplándose a un país que le sigue siendo desconocido. Ella espera que pronto haya una reforma migratoria justa para que los 12 millones de indocumentados que viven en el país no tengan que sufrir una deportación relámpago como la suya.

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