Por WENDY BARBA
Sergio González (que pidió usar sinónimo) reside en Santa Mónica hace más de diez años. Durante todo este tiempo vivió en el mismo lugar, pagando $200 extra por su renta al mes. Fue víctima del arrendador de su departamento, quien se aprovechó de su ignorancia.
González dijo que no conocía sus derechos. No entendía lo que era ser protegido como arrendatario, mucho menos sus derechos como participante del control de renta. Admite que su error fue aceptar todo lo que le dijo el empresario y no hacer preguntas ni buscar ayuda.
“El dueño puso un precio fijo de renta que no coindicía con el precio que había puesto el Control de Renta de Santa Mónica”, explicó González.
Sólo el 44 por ciento de los latinos adultos son bilingües. Según el estudio conducido por Shirin Hakimzadeh y D’Vera Cohn del Centro Hispano Pew, menos de la mitad de la población latina puede tener una conversación en inglés.
La comunidad ha sido víctima de abusos por no entender la lengua de este país. En el siglo XIX los inmigrantes mexicanos fueron sacados de sus propiedades a la fuerza por no obedecer las leyes estadounidenses que estaban escritas en inglés. Ahora en el siglo XXI, ocurre lo mismo. Las familias latinas siguen siendo manipuladas en favor de otras personas por no entender bien la lengua dominante.
El lenguaje es una herramienta muy poderosa, y cuando se usa efectivamente, tiene el poder de abrir todo un mundo sin limitaciones. Desafortunadamente, las circunstancias no siempre son así. Hay situaciones en las que palabras obstruyen el camino y se presentan como una barrera e impiden el avance.
Inquilinos y expertos en vivienda dicen que una razón por cual existen tantos problemas entre algunos alquiladores y los dueños de la propiedad en la que viven, es el no poder intercambiar información en el mismo idioma. Esto no sólo significa que hay poca comunicación verbal, pero también que hay mal entendidos. La mayoría de las veces resultan en pánico y desesperación por parte del ocupante.
Entre más recordaba de lo que pasó en su vivienda, más le rodaban las lágrimas a Victoria Mole. Su llanto representaba la frustración que sentía al no saber qué hacer.
A ella le ha costado mucho trabajo poder intercambiar frases con el director del apartamento donde vive. Vive con muchas chinches que continuamente le dejan marcas rojas en su piel. Mole dice que le tiene que suplicar a su administrador para que haga arreglos. Por fin lo convenció de que implementara un tratamiento para los bichos. Pero ella, al igual a su hija y su gato, encuentran nuevos piquetes en su cutis.
Mole cuenta lo cansada que está de tener que reiterarle a su dueño que la cocina necesita pintura nueva o que el baño se está escarapelando o que su ventana está quebrada. Todos estos son defectos que tenía su hogar desde antes que se mudara. Tapándose los ojos con sus manos llenas de manchas rojas movía la cabeza y decía, “No sé lo que puedo hacer para que me hagan caso”.
Por otra parte, Silvia Sandoval, una de las organizadoras de Inquilinos Unidos en Los Ángeles (IU), dice que se hacen muchas injusticias a consecuencia de que los caseros tampoco entienden los términos legales. Sandoval ha sido testigo de situaciones de desalojo en circunstancias injustas debido al desconocimiento de los términos en inglés. Algunas personas tienen miedo de buscar ayuda por su estado migratorio. Algunos inquilinos no entienden el contexto y piensan que tienen que hacer todo lo que se les indica.
Ahora, gracias a la nueva ley del senado, la 1137, serán menos las situaciones en las que los hispanohablantes mal interpreten la nota de desalojo. Esta ley especifica que la entidad crediticia debe mandar un anuncio al usuario en uno de seis idiomas, que les informe que la propiedad se tendrá que vender en 20 días. Con esta nueva ordenanza se espera que más gente pueda entender lo que puede suceder con sus hogares.
IU fue fundada en 1988 por Dino Hersch en el distrito de Pico Union. La organización se dedica a fortalecer arrendatarios de bajos recursos y asegurar un ambiente saludable y que no haya abusos a los tenientes, según las leyes de vivienda vigentes.
El problema que atienden con más frecuencia es el que los inquilinos mal descifran las expresiones constitucionales de la notificación de tres días. Al leer la carta de desalojo, muchos arrendatarios creen que significa que tienen media semana para salir de su vivienda. En realidad, la notificación es un aviso que informa al inquilino de que cuenta con tiene tres días para a) pagar la renta que no se ha pagado, o b) informarle a su gerente que va a desalojar el departamento.
“El problema no es siempre el idioma. El problema es que es difícil entender el lenguaje si no estudiaste para abogado”, señaló Jesús Hermosillo, otro organizador de IU.
Hermosillo no tiene duda de que los conflictos son el resultado de lo difícil que es entender los términos de un contrato aún cuando está escrito en el lenguaje nativo del lector. Así como a una persona común y corriente a veces tiene que leer el contrato varias veces para comprender lo que está a punto de firmar, igual le cuesta mucho trabajo concebir lo que significa a una persona educada.
Los contratos de alquiler son demasiado largos y saturados de términos complejos que quizás nunca se habían visto. Lamentablemente, en estos tiempos el desahucio es muy común entre los latinos. El Centro Hispano Pew encontró que 62% de dueños latinos dicen que ha habido desahucios en su vecindad y más de una tercera parte de los propietarios latinos viven con miedo de perder su casa. Pero es poca la gente que sabe realmente lo que representa cuando un dueño recibe carta de desalojo.
El desahucio es el proceso por el cual la finca se convierte propiedad absoluta de la institución de préstamos; es decir, si uno recibió su préstamo del Banco de América, por ejemplo, y la propiedad será adueñada por ese mismo banco. Esta situación ocurre cuando se atrasan los pagos de la hipoteca. Esto ocurre por varias razones personales: desempleo, divorcio, problemas de salud, etc. Después de no recibir los pagos, la compañía trata de crear una situación en la cual las dos partes puedan favorecer a que la entidad empiece a recibir nuevamente los pagos y el propietario pueda conservar su casa.
Entendiendo esto, hay que saber que hay diferentes tipos de desahucio: por venta judicial y por poder de venta. Las palabras del vocabulario legal para aprender son innumerables.
Afortunadamente hay mucha ayuda para los que no se les hace fácil percibir estos escenarios. Gracias a la red de Internet es sencillo obtener información de cualquier tipo. Sólo basta con hacer una búsqueda para solicitar ayuda legal (y gratuita) en la área deseada. Se cruzará con sitios en español que explican paso por paso lo que uno debe hacer si está teniendo problemas de vivienda, con quién hablar, cómo evitar más problemas y muchos consejos que por seguro ayudarán entender mejor el aspecto legal de la residencia.
Desafortunadamente, no todos los hispanos toman provecho de las redes ampliadas. Sólo el 56 por ciento de los latinos usan la Web, según el estudio Latinos Online conducido por el Centro Hispano. Una tercera parte de los hispanohablantes de los EEUU usan el ciberespacio al menos una vez al mes. Esto se explica por los niveles de educación y pobreza. Las familias con más recursos económicos y niveles más altos de instrucción tienen más probabilidad de tener acceso a una computadora con conexión al Internet. Aquí se presenta otra barrera para la comunidad latina de bajos recursos.
Si en este momento no tiene acceso al Internet y no ha encontrado ayuda legal, hay varios consejos que recomiendan las personas que ayudan a los inquilinos y los que han sufrido una injusticia en su residencia. Juan Rodríguez, organizador de IU, explicó que lo más importante es que la gente conozca sus derechos y que no firmen nada que no entiendan.
González afirmó que “para todo hay ayuda, si uno no entiende hay que hacer preguntas”.
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