El gobernador veta la Ley Dream de California

Por ANA CUBÍAS
EL NUEVO SOL

Su nombre no está registrado en los libros de registro de natalidad, sin embargo, él ha vivido aquí prácticamente toda su vida. Se mezcla entre la gente como cualquier joven en nuestra sociedad; cuando habla, tiene el popular acento californiano. Su cultura es la misma que la nuestra. Él no conoce el mundo más allá de la frontera, pero para la sociedad norteamericana, es invisible.

Juan, quien pidió no ser identificado, vino con sus padres de Zacatepeque, Guatemala, cuando tenía tres años de edad. En aquel momento, sus padres decidieron usar un carro y una visa turística para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Desde entonces, Juan, quien ahora tiene 20 años de edad, nunca ha podido regresar a su natal Guatemala, ni tampoco tiene recuerdos de ese país. Su estatus legal le impide regresar, así como también le imposibilita obtener muchos de los privilegios que los ciudadanos norteamericanos gozan, como el de manejar, trabajar en el sector formal y obtener ayuda financiera.

Según el Centro Nacional de Leyes Migratorias, Juan es sólo uno de los 65,000 estudiantes indocumentados que se gradúan de la preparatoria cada año en toda la nación y es parte del 5 al 10 por ciento de esos estudiantes que deciden continuar una educación universitaria.

Juan, como muchos otros estudiantes indocumentados, estaba esperando que el gobernador Arnold Schwarzenegger firmara la Ley Dream (Dream Act) de California, o el proyecto de ley SB 160, patrocinado por el senador Gil Cedillo. SB 160 le habría permitido a los estudiantes indocumentados calificar para obtener ayuda financiera en los colegios y universidades públicas de California. Este proyecto de ley habría beneficiado a aquellos que son aptos para asistir a las instituciones de educación superior bajo la ley AB 540. Pero el sábado 30 de septiembre, el gobernador Schwarzenegger vetó sus esperanzas.

“Nosotros somos una familia de bajos ingresos y mis padres tienen hasta tres trabajos para poder pagar mis estudios”, señaló Juan, quien también trabaja cada verano para pagar sus libros y sus gastos. “Al obtener ayuda financiera, yo podría tomar más clases y les quitaría esa presión a mis padres”.

Juan, quien ahora vive en Panorama City, es estudiante de negocios y sociología de tiempo completo en el Colegio Los Angeles Mission, y es beneficiario de la ley AB 540. Esta ley, aprobada en Octubre de 2001 por el ex gobernador de California Gray Davis, les permite a los estudiantes que han completado tres años de preparatoria o su equivalente poder asistir a las instituciones públicas y pagar una matrícula como residentes.

Para completar los requisitos, los estudiantes deben firmar un juramento escrito prometiendo que solicitarán residencia legal en cuanto sean elegibles. Leyes similares a la AB 540 fueron adoptadas por diez estados, incluyendo Texas, Nuevo México, Washington, Nueva York y California.

A pesar de que la ley AB 540 le permite a Juan pagar matrículas estatales, esta ley no elimina sus dificultades para pagar el colegio. Con la aprobación de SB 160, Juan, quien también dona parte de su tiempo para informar a los jóvenes de las preparatorias acerca de estás leyes, piensa que muchos estudiantes bajo la ley AB 540 se podrían haber beneficiado y al mismo tiempo le habrían regresado el favor al estado convirtiéndose en ciudadanos productivos.

“Quiero demostrarle a todos que los estudiantes indocumentados tienen el potencial de beneficiar a la sociedad norteamericana”, expresó Juan. “Quiero graduarme para que mis padres y mi comunidad se sientan orgullosos de mi”.

De acuerdo con el manual de colegios y ayuda financiera para los estudiantes indocumentados AB 540, la propuesta de ley de California SB 160 fue introducida por primera vez en 2005 por el senador Cedillo y ha sido apoyada por los colegios comunitarios de california, las universidades estatales y las universidades de california desde abril de 2006.

SB 160 le habría requerido a las universidades estatales y a los colegios que comenzaran nuevos procedimientos para que los estudiantes indocumentados pudieran competir por ayuda financiera.

Juan aseguró que muchos estudiantes talentosos se salen de la escuela porque no pueden sobrellevar la crisis financiera de pagar la cuota universitaria debido a la falta de recursos financieros.

“Ya perdimos muchos estudiantes en las calles, algunos porque no pudieron manejar la escuela y el trabajo al mismo tiempo”, enfatizó Juan. “Los estudiantes indocumentados no deben rendirse. Tenemos que demostrarle a todos que tenemos el potencial y el coraje de hacer las cosas bien”.

Sin embargo, Liah Durant, analista para la Federación por una Reforma Migratoria Americana (FAIR), una organización que presentó una querella en contra del proyecto de ley SB 160, explicó que si el gobernador hubiera firmado SB 160, habría violado el Acta de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria de 1996.

Esta ley le impide a los estados proveerles derechos a los estudiantes indocumentados a nivel universitario, al menos que se les den los mismos privilegios a los estudiantes norteamericanos.

“Muchas de estas leyes y propuestas de ley a nivel estatal no cumplen con las leyes federales”, apuntó Durant. “No deberían pasar este proyecto de ley. . . no es justo para los estudiantes estadounidenses que tampoco califican para ayuda financiera”.

Los estados y el gobierno federal deben comprometerse a seguir y respetar las leyes que ya están establecidas, señaló Durant.

“Es una locura hacer esto”, mencionó Durant. “El senado estatal no puede estar creando este tipo de leyes”.

Pero para María Rodríguez, organizadora del programa juvenil AB 540 para la Coalición de Derechos Humanos para los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), la aprobación de la Ley Dream de California podría haber beneficiado a los estudiantes que vinieron a Estados Unidos a temprana edad, y quienes han participado en el sistema educativo norteamericano toda su vida.

“Parece ridículo que después de que se gradúan de la preparatoria, los estudiantes indocumentados no puedan pagar la universidad”, asintió Rodríguez. “Califican para pagar como residentes, pero si tú vienes de una familia de bajos recursos es casi imposible pagar una educación”.

Ese es el caso de Julia, quien no quiso ser identificada. Ella tenía 11 años cuando llegó de México, desde entonces, su mamá ha trabajado limpiando casas para ahorrar dinero y así poder pagar la educación de Julia.

Julia, de 20 años de edad, es una estudiante de matemáticas en la Universidad Politécnica de California, Pomona, pero durante los fines de semana, ella cambia sus libros por un delantal.

“Trabajo como mesera todos los fines de semana. Si el gobernador firma la SB 160, podría tener más tiempo de hacer tareas y proyectos”, comentó Julia. “Podría pagar mi cuota y mi mamá no tendría que trabajar tanto”.

Rodríguez afirmó que al negarles a los estudiantes amparados bajo la ley AB 540 la oportunidad de recibir ayuda financiera puede resultar en una sociedad violenta y frustrada.

“Si usted invierte en los estudiantes, eso es lo que ellos le regresaran al país”, añadió Rodríguez. “Para desarrollar una fuerza laboral, el gobierno tiene que desarrollar oportunidades y educación”.

Ana Grande, asistente de programas para la Fundación de Liderazgo y Educación para los Salvadoreños Americanos (SALEF), coincidió con Rodríguez que al darles una ayuda inapropiada a los estudiantes indocumentados podría limitar su potencial y sus posibilidades. Grade mencionó que estos estudiantes deben formar parte de nuestra sociedad.

“Si los marginamos de la sociedad, nosotros los estamos tirando a un ciclo de pobreza en el cual ellos no van a poder ser productivos para la sociedad”, expresó Grande.

Grande, quien dijo que SALEF ha apoyado el proyecto de ley desde sus inicios, ha visto que muchos estudiantes indocumentados llegan a esta organización buscando becas y pasantías para poder reunir dinero y pagar su cuota universitaria, y reconoció que si los estudiantes hubieran recibido la ayuda del gobierno, les habría hecho las cosas más fáciles.

Para Juan, el mayor beneficio que pudo haber obtenido con la aprobación de SB 160 habría sido ver a otros estudiantes beneficiarse de éste. Pero puesto que la propuesta de ley fue vetada, Juan ha decidido mantener su sueño vivo y ayudar a otros en el futuro.

“Cuando me gradúe, quiero empezar una organización no lucrativa para ayudar a los estudiantes indocumentados”, apuntó Juan. “Si nosotros no les ayudamos, ellos se convierten en parte de una sociedad pobre, violenta y miserable”.